La salud de la población tiene prioridad sobre los derechos de los propietarios de vehículos diésel. Esta es la doctrina que ha consagrado el Tribunal Contencioso-Administrativo de Alemania,al fallar a favor de las ciudades de Stuttgart y Düsseldorf en su decisión de prohibir la circulación de los vehículos con motores diésel antiguos que no cumplan los estándares de calidad ambiental. El fallo sienta un importante precedente, pues en Alemania circulan 15 millones de vehículos diésel, pero solo 2,7 millones cumplen el estándar Euro 6, de 2015, el más riguroso con la contaminación.
Las emisiones procedentes del tráfico se han convertido en una grave amenaza para la salud de la población en las grandes urbes. Más de 400.000 personas mueren prematuramente en la Unión Europea por la polución del aire. Los motores diésel más antiguos son los principales responsables de esas emisiones por lo que muchas ciudades europeas, entre ellas Madrid y Barcelona, han aprobado planes para restringir su circulación. Estas medidas penalizan a los propietarios que compraron esos modelos sin ser conscientes ni responsables del problema que ocasionarían.
Las autoridades tienen que proteger la salud de los ciudadanos y eso exige retirar de la circulación vehículos que todavía tienen vida útil. Pero deben hacerlo gradualmente y facilitando la transición con medidas de compensación en las que, como está ocurriendo en Alemania, participen los fabricantes, con el objetivo de que el coste no recaiga exclusivamente sobre los propietarios de los coches.
Quienes alargan la vida de sus viejos vehículos son en muchos casos quienes menos recursos tienen. Por eso, de la misma forma que en el pasado se incentivó con éxito la sustitución de calefacciones de carbón, o el traslado de industrias contaminantes, debe abordarse ahora un plan global para facilitar este cambio del que dependen muchas vidas.